Telegram podría enfrentar grandes sanciones si no revela información a las autoridades rusas.

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El fundador de Telegram ha declarado que seguirá negándose a compartir la información que exigen las autoridades tras la multa impuesta por un tribunal moscovita a la aplicación de mensajería el pasado lunes.

Pavel Durov publicó en VK, el clon ruso de Facebook que él mismo fundó, que las demandas para tener acceso a la información de los usuarios por parte de los servicios de seguridad rusos son inconstitucionales y técnicamente inviables.

Un tribunal de Moscú sancionó a Telegram con una multa de 800.000 rublos (11.822 euros) por negarse a entregar al FSB, la sucesora del servicio secreto ruso KGB, claves para decodificar el tráfico de mensajes encriptados. Durov afirma que “los esfuerzos del FSB por acceder a la correspondencia personal son un intento de ampliar su influencia a costa de los derechos constitucionales de los ciudadanos”. Durov añade que Telegram podría apelar el juicio “hasta que la demanda del FSB sea atendida por un juez que conozca la principal ley rusa, la Constitución”.

Telegram hizo una concesión simbólica a las nuevas leyes de datos rusas a principios de este año al compartir detalles de contacto con el guardián de las comunicaciones del país, Roskomnadzor. En ese momento, Durov declaró que Telegram podría no cumplir con las exigencias de almacenamiento de datos, que son tan inviables que podrían llevar a la quiebra al operador de móviles ruso, cuando entren en vigor el año que viene. Roskomnadzor ha amenazado en repetidas ocasiones con inhabilitar a Telegram, que cuenta con 10 millones de usuarios en Rusia, aunque no ha tomado medidas al respecto. El lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que posibilidad de inhabilitar Telegram “no se contemplaba”.

octubre 26, 2017